El Legado del Cóndor

Poco después, dice el autor, Helms, jefe de la CIA, en persona, recibió secretamente a Edwards en un céntrico hotel de la capital estadounidense. Al término de la reunión Helms se comunicó con el Presidente Nixon. Esa misma tarde Nixon convocó con carácter de urgencia al jefe de la CIA , a Kissinger y a Mitchel. Esa fue la reunión en que Helms se sentó a la derecha de Nixon como Jesús después de resucitar lo hizo a la diestra del Todopoderoso, y, sabiendo anticipadamente lo que se venía, inmediatamente extrajo su bolígrafo y papel de notas sin detenerse a pensar que sus apuntes servirían después para acusar el alma política de Washington. (Posteriormente la CIA prohibió la toma de notas en reuniones altamente sensitivas. Actualmente, si un agente carece de capacidad para memorizar los acuerdos, no tiene futuro en sus planillas). En las silenciosas confabulaciones en Washington, D.C. entre el Presidente y los analistas de la CIA, en los días subsiguientes, se descubrió que el complot tenía perfecta cabida en el esquema constitucional de Chile: dado que Allende no alcanzó la mayoría absoluta de los votos en las elecciones populares, por lo tanto, necesitaba el espaldarazo del Congreso para asumir el más alto cargo de su país. Y era potestad del Congreso confirmarlo como Presidente de la República o, en vez de ello, elegir al líder de la segunda mayoría, personificada, en esta ocasión, por quien fuera el candidato del derechista Partido Nacional, Jorge Alessandri, el preferido de Nixon. Adicionalmente, se daba el caso –para complicar aún más la suerte de Allende– de que los demócratas cristianos constituían la mayoría del Congreso. En consecuencia, los parlamentarios de la Democracia Cristiana tenían en sus manos el arma constitucional para elegir a Alessandri si querían cerrarle el paso al líder socialista. Dicha arma legal era igualmente una poderosa tentación para satisfacer una vendetta política, puesto que la Unidad Popular había derrotado en la contienda electoral también al Partido Demócrata Cristiano, relegándolo a un lejano tercer lugar. Además, el Partido Demócrata Cristiano le debía favores a la CIA. El destino político de Salvador Allende, pues, pendía de un hilo. Fácil, exclamaron los hombres de la CIA. En la eventualidad de nuevas elecciones todos los matices del conservadurismo que conformaban la derecha chilena se aglomerarían en torno a un solo candidato y su votación mancomunada aplastaría a Allende en las ánforas. El líder de la Unidad Popular había ganado porque los votos conservadores cayeron en las urnas divididos entre los candidatos Alessandri, del Partido Nacional, y Radomiro Tomic, del Partido Demócrata Cristiano, de centro–derecha. La aglutinación de la izquierda encabezada por Allende, marxistas incluidos, obtuvo el 36,50 por ciento de los votos, aventajando a Alessandri en sólo 1,4 por ciento. Si Allende hubiese logrado el cincuenta por ciento más uno de los votos no se habría producido este impasse, que implicaba la intervención del Parlamento. Los estrategas de la derecha aconsejaron a Alessandri que aceptara el cargo si el Congreso se inclinaba por él y que una vez juramentado como Presidente renunciara al puesto y convocara a nuevas elecciones nacionales; pero el curtido conservador, para decepción y enojo de su clase política, rechazó tajantemente la propuesta. No le pareció ni justa ni elegante. La actitud de Alessandri disgustó a los capos de la CIA. Ellos tenían sus razones secretas para sentirse decepcionados. Por esas mismas razones, habían asumido que Alessandri sería la gran carta que tenían bajo manga para ganar el juego por las buenas. El Congreso, pues, decidiría el impasse en sesión plena a realizarse el 24 de octubre –cincuenta días después de las elecciones nacionales. Si el Parlamento optaba por acatar la voluntad de los electores chilenos expresada en mayoría simple, Allende asumiría el cargo el 4 de noviembre del mismo año. Una luminosa mañana en que el sol ardía como una inmensa naranja espacial y su brillo reverberaba sobre las aguas del río Potomac que corta los linderos de la ciudad de Washington, D. C., un grupo selecto de agentes del poderoso organismo de inteligencia de los Estados Unidos subió de prisa a un avión, no muy lejos de la Casa Blanca, y viajó inmediatamente y en secreto al país del sur con la misión escondida de quebrar el orden constitucional chileno en menos de seis semanas, o sea, antes del crucial 24 de octubre. Media década atrás EE.UU. había tumbado a otro gobierno democráticamente elegido en América Latina para reemplazarlo por un gobierno títere. Ello ocurrió en la República Dominicana, cuando Washington invadió ese país, depuso al legítimo mandatario Juan Bosh e instaló en su reemplazo a Joaquín Balaguer, ex ministro de Rafael Trujillo, un tirano que había actuado a su servicio. Los espías que viajaron a Chile, destetados, crecidos y cuajados de confabulación en confabulación en escenarios ultramarinos, eran expertos en trabajos sucios. Partían al sur con la orden expresa de reportar sus actividades únicamente a las oficinas principales de la CIA ubicadas en un escondrijo de Langley, en los extramuros de Washington, D. C., en tierras pertenecientes al estado de Virginia. También recibieron la orden expresa de contactar en Chile a líderes políticos y jefes militares dispuestos a truncar el ascenso de Allende, y fueron investidos con el privilegio de la carta blanca para desembolsar dólares, o cualquier cosa, a cambio de la consumación del plan.